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El precio de la libertad – Miguel Sales

El precio de la libertad
MIGUEL SALES | Málaga | 5 de Noviembre de 2016 – 08:24 CET.

Hace unas semanas publiqué en este diario un texto —”¿Elecciones para
quién?”—, en el cual sostenía que el orden en que se plantearan las
reivindicaciones democráticas en Cuba influiría en su eficacia y que la
amnistía, la reforma constitucional y las elecciones libres bajo
supervisión internacional eran fines u objetivos, a los que solo se
llegaría a través de la protesta popular masiva y pacífica, no mediante
la participación en el sistema electoral vigente, que garantiza el
monopolio del Partido Comunista Cubano (PCC).

Concurrir a elecciones fraudulentas, afirmé entonces y reitero ahora,
sería un error y un despilfarro. Un error de estrategia, por la
legitimidad que conferiría al Gobierno y un despilfarro de esfuerzos y
recursos que podrían emplearse de manera más eficiente.

El artículo provocó varias respuestas breves con distinto grado de
sensatez y una réplica más larga en la que se impugnaban algunas de mis
ideas, incluso con citas literales del escrito original, aunque sin
mencionar título ni nombre. Como resulta evidente que el autor de la
respuesta y yo discrepamos no solo en cuanto a táctica política sino
también en lo tocante a métodos filológicos, debo empezar por aclarar
que me refiero al artículo “El yugo y el cascabel”, publicado aquí por
el disidente Hildebrando Chaviano Montes, el pasado 27 de octubre.

El argumento central del artículo de Chaviano Montes es que las
elecciones son una oportunidad porque “si bien legitiman hacia adentro
al Gobierno cubano, legitiman y hacen visibles a ciudadanos que de otra
forma seguirían en el anonimato. Cada candidato independiente que gane
las elecciones en su barrio mostrará al Gobierno y al mundo que son
preferidos por un cierto número de vecinos, preferencia esta que de
otra forma se hace harto difícil de demostrar entre los opositores”.

Más allá de las virtudes de los candidatos independientes y el merecido
aprecio del vecindario, la creencia de que la vía electoral podría
cambiar paulatinamente el sistema comunista cubano se fundamenta
necesariamente en tres premisas:

1) En algún momento futuro los grupos o partidos de oposición obtendrán
votos y diputados suficientes como para aprobar leyes de reforma.

2) El Poder Judicial interpretará las nuevas leyes con imparcialidad y
las refrendará, como expresión de la voluntad popular.

3) El Poder Ejecutivo acatará y aplicará dichas leyes.

Esta es la estrategia denominada “de la ley a la ley” que dio buenos
resultados, por ejemplo, en la transición española de 1975-1978.

La premisa inicial es la que permite el análisis más exacto. Para
alcanzar la mitad más uno de los escaños del Parlamento (que en Cuba
recibe el pomposo nombre de Asamblea Nacional del Poder Popular), o sea,
307 de los 612 diputados que ahora lo conforman, la oposición tendría
que obtener unos cuatro millones de votos populares. Cualquier cifra
inferior a esa resultaría ineficaz, porque tendría enfrente al bloque
oficialista, dominado por el PCC.

En un sistema parlamentario occidental, un partido que coseche el 30 o
el 40% del voto constituye una fuerza considerable e incluso puede
llegar a formar gobierno, en alianza con otros grupos. En el sistema
cubano, cualquier cifra inferior a la mitad más uno de los diputados
sería inoperante, porque el resto del parlamento funciona como un bloque
unido al servicio del Gobierno.

Como elemento de comparación, cabe señalar que en las elecciones de 2013
hubo 365.000 votos en blanco (el 4,6%) y unos 95.000 votos nulos (el
1,2%). Supongamos —que es bastante suponer— que todos esos sufragios
equivalen a otras tantas abstenciones o voces de protesta contra el
sistema. El resto de los electores, el 94%, votó unánime y
disciplinadamente por los candidatos afines al Gobierno. Quienes
propugnan la participación electoral como método de cambio democrático
aspiran a convertir esas 500.000 abstenciones de 2013 en 4 millones de
votos abiertamente oposicionistas, puesto que ahora designarían a
candidatos contrarios al régimen.

Cuando yo planteé la posibilidad de que 10.000 cubanos marchen
pacíficamente por las calles en demanda de sus derechos cívicos, la
respuesta fue que era una ilusión descabellada, entre otras razones
porque no es posible convencer a tanta gente de que deben arriesgarse a
reclamar su libertad en la vía pública bajo la amenaza de la represión
estatal. Sin duda es un ejercicio de ficción creer que uno de cada mil
cubanos (el 0,1% de la población) podría reclamar públicamente sus
derechos, como era ilusorio pensar en 1988 que algún día lo harían los
checos, polacos y húngaros. En cambio sí es muy realista y sensato
aspirar a que el voto opositor crezca un 800% y pase de medio millón a
cuatro millones en los próximos cinco, diez o 15 años.

Pero el asunto no se agota ahí.

Según el artículo 137 de la Carta Magna cubana “esta Constitución solo
puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante
acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las
dos terceras partes del número total de sus integrantes…”. Es decir, que
para reformar la Constitución, paso indispensable para cambiar casi todo
lo que habría que cambiar en el país, la oposición necesitaría no
cuatro, sino seis millones de votos. Todo eso, sin campañas electorales,
sin acceso a los medios de comunicación y bajo la presión de los grupos
paramilitares que intimidan y agreden a los candidatos. Pero supongamos
que, hartos de 60 años de comunismo, seis millones de cubanos votaran
espontáneamente en contra del régimen y la oposición alcanzase dos
tercios de los escaños en el Parlamento. Esa hipótesis nos lleva
necesariamente a considerar la segunda premisa, la aceptación de la
judicatura.

El Poder Judicial cubano está dominado por el PCC y no aceptaría, por
inconstitucional, ninguna medida que vaya en contra de los intereses del
partido único. La Constitución es muy clara en este aspecto. “El
socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en
esta Constitución, […], es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al
capitalismo” (Artículo 3). “El Partido Comunista de Cuba, martiano y
marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la
fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y
orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción
del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista” (Artículo 5). Y
cualquier reforma constitucional que cuente con esos seis millones de
votos podría llevarse a cabo “excepto en lo que se refiere al sistema
político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el
artículo 3 del Capítulo I” (Artículo 137).

En cuanto a la tercera premisa, el cumplimiento de la ley por parte del
Poder Ejecutivo, basta con observar lo que ocurre en Venezuela, donde
los partidos opositores alcanzaron hace un año el 80% de los escaños del
Parlamento y todavía no han conseguido que el presidente Nicolás Maduro
ponga en vigor ni una sola de las reformas aprobadas en la Cámara.

La cifra de 10.000 cubanos que escogí para ilustrar mi primer artículo
no es un guarismo arbitrario. 10.000 es algo menos del número de votos
necesario para elegir a un solo diputado al Parlamento. Es el número de
firmantes requeridos para promover una reforma constitucional. Son
bastantes menos de los 35.000 que han suscrito hasta la fecha el
Proyecto Varela.

10.000 cubanos marchando pacíficamente por las calles de La Habana. Con
32 carteles en los que se exija el cumplimiento de los derechos que
garantiza el sistema de las Naciones Unidas: “Tengo todos los derechos,
cualquiera que sea mi opinión política” (Artículo 2); “Nadie puede
discriminarme por lo que soy ni por lo que digo ni por lo que pienso”
(Artículo 7); “Tengo derecho a vivir donde me dé la gana” (Artículo 13);
“Tengo derecho a montar un negocio para ganarme la vida” (Art. 17);
“Tengo derecho a manifestar públicamente mis creencias” (Artículo 18);
“Tengo derecho a votar por el partido que me plazca” (Artículo 21);
“Reclamo el derecho a elegir la educación de mis hijos” (Artículo 26), y
así hasta completar los 30 artículos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Y otras dos pancartas más, de estirpe criolla:
“Libertad es el derecho a pensar y hablar sin hipocresía” y “La libertad
cuesta muy caro, pero no creas que la sumisión es gratuita”.

Esas son todavía mi ilusión y mi estrategia. Ni más ni menos ilusorias o
estratégicas que las ensoñaciones que otros acarician de lograr seis
millones de votos para cambiar el sistema desde dentro. Y el momento más
propicio para probar su viabilidad está a punto de llegar el 1 de enero
próximo, cuando el Gobierno cubano ocupe de nuevo un escaño en el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El día que esos 10.000 salgan a la calle, será el principio del fin de
un sistema arcaico, represivo e ineficaz, que se ha enquistado en la
vida nacional y amenaza con perpetuarse sine die. Quizá no sea una
hecatombe, como sugiere Chaviano Montes. Tal vez se parezca más a lo que
en 1989 ocurrió en Praga, en Berlín Este o en Budapest. “No está el
mañana —ni el ayer— escrito”, advierte el poema de Antonio Machado.

Mientras ese día no llegue, la escenografía de cartón-piedra de “La
Revolución” continuará en pie y el país seguirá hundiéndose lentamente
en el envilecimiento y la miseria del socialismo real, ahora disfrazado
de capitalismo de Estado. Sin que ningún sainete electoral logre cambiarlo.

Source: El precio de la libertad | Diario de Cuba –
www.diariodecuba.com/cuba/1478280502_26495.html

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